El que no ha cometido ningún delito tranquilo, pero desde ya criticando y bajo la manta de que es una persecución política, como siempre pero esa frase debe ser nula de la cabeza de quienes se protegían con esa palabra, que algún día debió de hacer justicia verdadera no irse a la calle a darle todos lujos con lo que desfalcaron del dinero pueblo, que tanta necesidades tiene esta nación.

Entonces porque llorar antes de tiempo algo  raro hay entre sí,  tranquilo porque ni siguiera el MP les han puesto un nombre, como vienen haciendo la Procuraduría General de la República con cada grupo de mafias cada hayan cometido delitos graves  a la sociedad ahora bien si  cometieron ese crimen de Estado, pues irán para el mismo derrumbadero, haberse en los tribunales, eso sí, el que la hace ahora la paga, digo todavía no han llevado a nadie a juicio de fondo.

DIARIOPAISRD-SANTOMINGO-La verdad es de ser dicha aunque les duela a muchos y sobretodo, para  los que entraron pobre y salieron con los bolsillos adulterados de tantos millones de pesos ilícitos de la Administración Pública  según hace constar  documentos con que cuenta que el Ministerio Públicos, ahora brincando con los defensores que la mayorías de esas personas ricas con dinero del erario público, que esos manifiesto no debieron de salir a la luz pública, según para ellos debió de calladamente manejarse y que significa eso  impunidad, corrupción, y eso es en el Gobierno que fuese así de fácil.

Esto es lo que nunca más debe seguir sucediendo cuando nunca más, por eso y otras acciones fraudulentas el despilfarros en dineros del Estado, a lo que conlleva que cada Gobernante que suba al Poder tendrá que endeudarse, viene un Presidente y encuentra que para poder echar hacia delante la patria debe buscar dinero prestado del extranjero, pero lo peor es que después dicen muchos esos que se enriquecieron ilegalmente  con  divisas del erario del Estado, para taparse entonces atacan el Gobernante de turno

 Miren este asunto por citar las cantidad de casos que andan por por ahí,  Varias de las empresas que tuvieron cesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020,(que quien estaba al frente de esa entidad del Gobierno debe también de ser interrogado ahora) por cómplice en la supuesta trama,  mismo año que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.

Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano por más de 17,000 millones de pesos.

Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Según se describe en el documento, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.

Varias de las empresas que tuvieron cesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020, mismo año que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.

Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano por más de 17,000 millones de pesos.

Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita,exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Según se describe en el documento, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17, 300, 642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.

Lo que cada uno de los que están involucrados en este casos que se estén tranquilos, que si en las indagatoria el Ministerio Publica encuentran que no tienen participación en ese asunto, pues no tendrán que verse más allá de un tribunal judicial. Pero comenzar desde ahora a responder, las bocinas que tienen en los medios, que en vez de ayudarlo  les hacen más daños, el que no tiene delito que  sospeche no tiene por qué estar asustado ahora.