El Mescyt recula como un camarón y saca de la agenda del Consejo discutir cambios a Normativa 09-15

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Pero que  también la vicepresidenta de la RD levantó la voz y se opuso tajantemente a esa iniciativa muy  perjudicial 

DIARIOPAISRD.SANTO DOMINGO. DISTRITO NACIONAL. A raíz de la controversia que produjo  el daño en el futuro a la educación superior y que la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ella como educadora en seguida se pronunció oponiéndose  sobre el nuevo marco normativo para la formación de docente, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCYT), no le quedó otra alternativa que echar como un camarón para atrás de la agenda de este viernes el tema que tenía planteado.

Pero que esto sin mezquindad hay que decirlo esto sucedió luego qué de manera exclusiva el  Diario Libre publicará el contenido del “nuevo marco normativo para la formación docente”, que cambiaría   por completo la Normativa 09-15 que sustenta el Programa Docentes de Excelencia, de ese ministerio. Es decir que lo iban a me tener de manera clandestina este tema tan graves si hubiesen logrado sus objetivos. 

Entonces aquí cada titular de una cartera hace lo que les venga en gana y no son consultado por su Jefe inmediato el presidente de la República, Luis Abinader, porque luego si lo hubiesen aprobado con el Consejo era a él que pagaría con esa trampa esto quiere decir que cada Ministro del Gobierno hace lo que les da la gana.

La agenda fue modificada de acuerdo a la información ofrecida por la Dirección de Comunicaciones de la institución y el tema no se conocerá “por el momento”. 

Ese tema clandestino se pretende sustituir la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba “ajustada al contexto dominicano” que diseñará el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Por años se ha utilizado también la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), cuyos estándares eran tan bajos que era aprobada por casi todos los postulantes.

La Normativa, que fue aprobada y publicada en diciembre de 2015, obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar. Bajo este esquema se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado, a través del Ministerio de Educación.

También elimina el requerimiento de profesores de dedicación exclusiva, el requerimiento de profesores egresados de programas acreditados internacionalmente.

La nueva propuesta incluye la eliminación de la obligatoriedad de asistencia presencial, al menos 4 días a la semana, a los estudiantes de magisterio y se pretende instaurar, bajo el Programa de Excelencia, las clases presenciales, híbridas y virtuales.

Mescyt insiste se “garantiza calidad”

El Ministerio de Educación Superior afirma que el nuevo Marco Normativo de la Formación Docente garantiza la calidad educativa y plantea el fortalecimiento pedagógico de los docentes egresados de las carreras de educación. Sin embargo, la propuesta oficial de modificación evidencia lo contrario.

“El Mescyt informa que se coordinó, se consensuó y se realizó reuniones de trabajo con las Asociaciones de Universidades, con los representantes de organismos privados del sector educativo, con las ONG´s vinculadas a Educación, y con técnicos nacionales y extranjeros para la elaboración del Marco Normativo de la Formación Docente integral, de calidad y con equidad”, expresa la nota.

Contrario a esta aseveración, nunca se logró un consenso con relación a varios de los temas y de la comisión general que discutía la Normativa fue creada una subcomisión en la que se redactó parte del texto final de la nueva propuesta, sin la aprobación de la mayoría de los comisionados.

En noviembre de 2021 el ministro Franklin García Fermín encargó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Cultura y la Educación (OEI), una evaluación al programa Formación Docente de Excelencia y en base a esos resultados creó una amplia comisión.

El propósito, de acuerdo al Mescyt, era que se presentará una propuesta de consenso al Conescyt, sobre la evaluación al programa.

La evaluación realizada por la OEI destaca la importancia de fortalecer y ampliar los criterios de admisión a las carreras de educación, incorporando a los mecanismos existentes entrevistas y otros instrumentos y tomando en cuenta los intereses vocacionales y los aspectos psicoemocionales.

También que, en su diseño y conceptualización, el programa responde a las investigaciones, recomendaciones y evidencias relacionadas con las políticas docentes efectivas, pero se identificaron oportunidades de mejora que pueden favorecer su implementación y resultados.

La comisión

La comisión que revisó y propuso los cambios a la Normativa la preside la  viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías, y la integrarán José A. Hazim, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU); José A. Aybar, de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU); Emma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Ricardo Winter, de la Asociación de las Universidades Privadas (AURED), y Nurys González, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). 

También la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante; la viceministra de Educación, Ligia Pérez Peña; la coordinadora de FLACSO, Sheila Valera; la rectora de UTESA Santo Domingo, María Elena Cruz; el viceministro de la Presidencia, José Ramón Hoguín; el asesor del Poder Ejecutivo en Educación Superior, Ángel Hernández; el presidente de la Academia de Ciencias, Luis Scheker Ortiz, y Samuel, de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA). 

Además, forman parte de la comisión, Antonio Caparrós, director ejecutivo de INICIA; Francisco Ramírez, de Inafocam; Dinora García Romero, de POVEDA; Baltazar González, asesor del MESCyT, y los viceministros de esa institución, Genaro Rodríguez y Juan Francisco Viloria.

De estos integrantes, una cantidad considerable estuvo en desacuerdo con los cambios planteados a la Normativa, por entender que constituye un retroceso para lograr los estándares de calidad que demanda el sistema educativo público para la formación de los maestros.