DIARIOPAISRD, PROVINCIA DE LA VEGA, AL NORTE DE LA CAPITAL DOMINICANA. Porqué aquí siempre la gente en esta media Isla, de 10 millones 700 habitantes, y aunque seamos y seguiremos siendo por muchos largos años una nación tercermundista, y que se sepa en zona del Caribe un poco más adelante en muchas cosas como la tecnología de región del Caribe, y porque digo esto aquí se denuncian las cosas y casi la mayoría de los funcionarios de este Gobierno les dan muy larga al asunto, para actuar en contra las acciones ilícita, no ha sido tampoco una práctica en este mandato presidencial si no, ha venido sucediendo en Administraciones públicas pasada.
Pues sin más preámbulo después de muchas denuncias de ciudadanos de la provincia de la Vega situada al Norte de este país la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) ejecutó la mañana de este sábado allanamientos e inspecciones en varias minas ubicadas en el sector Guaco, de población.
La mina que se dedica a la extracción, procesamiento y ventas de agregados, sin contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
La operativo, fue encabezado por el coordinador de Proedemaren en esa localidad, José Luis Farías Mosquea, fueron paralizados los trabajos de las minas D’Sady Truck y Mina Guaco, debido a que en ambas se pudo observar operaciones de extracción de agregados sin permisos del Ministerio de Medio Ambiente.
Las autoridades procedieron al arresto de cuatro personas que se encontraban laborando en el lugar y al secuestro judicial de una máquina retroexcavadora. Farías Mosquea informó que los detenidos serán sometidos para conocimiento de medidas de coerción.
Además, en el distrito municipal de Los Quemados, la sede de la Proedemaren en Monseñor Nouel, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), eliminaron una construcción que había sido levantada de forma ilegal dentro de la franja de protección de los 30 metros del río Yuna, con la intención de ampliar viviendas ubicadas en el lugar.
Como consecuencia de ese delito ambiental fue arrestado Franyer de la Cruz, que tras ser presentado ante el Ministerio Público admitió la responsabilidad de los hechos, aceptando acogerse al procedimiento abreviado, consistente en una pena de seis meses de prisión en la modalidad de pena suspendida, además de un año de trabajo comunitario en el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, donde deberá realizar labores de protección del medio ambiente en la zona afectada, además de la eliminación de los escombros y estructuras existentes en el lugar afectado.
