Inversionista de Jarabacoa denuncia extorsión y chantaje para despojarlo de su propiedad

DIARIO PAÍS, SANTO DOMINGO.- Un inversionista nativo de Jarabacoa denunció ayer que ha sido víctima de extorsión y chantaje para que la justicia no aclare de una vez y por todas un gran fraude presuntamente cometido por dos registradoras de títulos en La Vega, lo cual ha afectado sus propiedades.

En tal sentido, Eduardo Collado afirmó que esas registradoras muestran conductas fuera de leyes y de reglamentos inmobiliarios, mientras las autoridades competentes han tratado de ocultar y buscarle una solución por la vía del chantaje y la extorsión.

Señaló que asombrosamente, de una forma inexplicable, en materia de derecho, este  problema no se ha resuelto.

Informó que ante esa situación, acudió el pasado noviembre ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), presentando una denuncia dirigida a la magistrada Yenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de demostrar lo que ha estado denunciando.

Precisó que al no obtener respuesta, depositó el pasado 4 de febrero, a la magistrada Miriam Germán Brito, con el expediente 000939, con la esperanza de que reciba al denunciante, para así iniciar la comprobación de los hechos que ha denunciado.

Manifestó que en ella figuran los nombres y apellidos de los integrantes de «una red que envuelve a seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil, cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos notarios que se asociaron para despojarlo de su propiedad, en componenda con un empresario».

Dijo que después de su denuncia en enero del año pasado  la inspectoría del Poder Judicial dio declaraciones públicas diciendo que se iba a investigar el caso, pero, nunca nos llamaron, no se investigó nada, ni si quiera le pusieron número al expediente que estaba denunciando.

Collado aseguró que dirigió la denuncia al presidente del Consejo del Poder Judicial y también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque después de haber agotado todos los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria, no se ha resuelto nada.

Reclamó la atención del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antioliano Peralta, para que en virtud del decreto 33-21 emitido por el presidente de la República, este mismo año, apodere al grupo de abogados comandados por Sigmund Freund, para que después de revisar  todo el proceso administrativo de este caso, que tiene procesos civiles, penales e inmobiliarios, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre este conflicto al mandatario, y le dé al país una información de lo que esto ha generado, ya que se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.

Añadió que se pone a disposición de cualquier medio de comunicación o programa de investigación que quiera documentar, para profundizar este proceso y desenmascarar esa mafia con raíces profundas en el sistema de justicia.-

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