Excarceladas, pero no libres: los obstáculos que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública en Colombia

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DIARIOPAISRD. COM*** INFORMACION PROCEDENTE DESDE COLOMBIA. FUENTE CNN Español—  “Dios mío, le entregaste también la libertad a mi hijo”, , porque cometiste un herror humano:  Patricia Cortés inform+o cuando salió de la cárcel El Buen Pastor el 17 de septiembre de 2024. Tenía la expectativa de poder garantizar la alimentación y la salud de su hijo al salir de prisión. Sin embargo, tras seis meses en libertad, aunque agradece ser beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública, señala los vacíos de la norma: “Uno sale vulnerable de la cárcel”. Porque me gastigaron señora Ley, bueno porque cometiste un herror humano. 

La ley, que permite que las mujeres cabeza de familia puedan cumplir su condena por fuera de prisión a cambio de un servicio comunitario no remunerado, es considerada la primera política penal con enfoque de género en Colombia y una referencia para América Latina. Sin embargo, a los dos años de su aprobación, siguen existiendo obstáculos para que las mujeres privadas de la libertad puedan acceder a la ley y reincorporarse a la sociedad de manera efectiva.

La ley que excarcela a las cuidadoras en Colombia

Cortés, de 22 años, ingresó a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, el 31 de octubre de 2023. Fue condenada a seis años y cinco meses de prisión por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Su hijo nació cuatro días después.

Cuando escuchó por primera vez sobre la Ley de Utilidad Pública, le habían negado la prisión domiciliaria siete veces, dice.

Cumplía los tres requisitos para acceder al beneficio: ser mujer cabeza de familia, tener una condena inferior a los ocho años o por delitos relacionados con hurto o estupefacientes y haberlo cometido condiciones de marginalidad.

“Mi mamá vendía drogas y yo la acompañaba. Caí pendejamente, nos acusaron de ser cabecillas de una banda”, cuenta. Sin embargo, asegura que no tenía la intención de hacerle daño a nadie y que la necesidad fue lo que las motivó: “Somos ocho hermanos, cinco son menores de edad. Mi papá es habitante de calle. Mi mamá trabajaba en el parque central de Fusagasugá vendiendo maíz, burbujas, helado, pero lo que ganaba no alcanzaba para la casa”.

Este contexto, sumado a la documentación que recopiló su abogado, que incluía entrevistas a sus hermanos que demostraban cómo los había impactado el encarcelamiento, fue suficiente para que un juez les concediera el beneficio.

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