DIARIOPAISARD.INFORMACION PRODUCIDA EN LA CAPITAL DOMINICANA—Señores hay acciones que cometemos los seres humanos que son para bien o sea para mal, y que nosotros mismos luego meditamos y nos criticamos porque hice estos porque hice aquello, pero metimo la pata en zapatos rotos, en acciónes que nos pueden llevar a la cárcel o la muerte, y esto los décimos por la situación que en este momento se encuentra atravesando el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Hugo Beras, de ser un hombre amable, siempre con una sonrisa y muy locuaz esta allí detrás de una rejas rodeado de forajidos con 18 meses en su costilla, y quien sabes cuantos serán después desprestigiados ante la sociedad, caramba un señor joven que nostalgia da un cambio repentinos quizás por ayudar a otros a o por hacerse rico de la noche con el dinero del pueblo usted de grandes beneficios deshonroso. Allí en un rincón de una celda, solo en momento como si estuviese en un cementerio aquí con la esperanza que un día saldrá a las calles, pero vivo, con los amigos de pompa y ponga los verán un día quizás pero no volverán después.
Pues juntos al empresario «Jochi» Gómez, fueron trasladados la noche de ayer hacia el penal de Najayo, en la provincia San Cristóbal, pasadas las 11 de la noche donde cumplirán 18 meses de prisión preventiva, imputados en el caso denominado operación Camaleón.
Los encartados fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad, bajo la coordinación de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
De acuerdo a lo informado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, el Ministerio Público presentó ante el tribunal una lista ocupada a los imputados, la cual demuestra que la estructura criminal daba seguimiento a miembros del sistema de justicia y pone en evidencia su modus operandi.
Wilson Camacho detalló que esta y otras pruebas son más que suficientes para que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, acoja la solicitud del Ministerio Público, que incluye la solicitud de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo, debido al volumen de pruebas y la gravedad de los hechos imputados.
Los imputados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
Camacho también advirtió que, a medida que avance la investigación, se agregarán nuevas personas e imputaciones al proceso. «El desarrollo de la investigación nos seguirá indicando quiénes y qué debemos agregar», puntualizó.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público dijo que presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley 155-17 sobre Lavados de Acivos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
