DIRIOPAISRD.COM***INFORMACION PRODCIDA EN LACAPITAL DOMINICANA. El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, depositó este miércoles ante el Senado de la República, el anteproyecto de que modifica la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

Bonilla, quien hizo entrega del anteproyecto al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, dijo que el proyecto de Ley posee elementos como la creación de un certificado de habitabilidad, que se otorgará dependiendo de la cantidad de personas y de la complejidad de la estructura de la edificación y el mismo se tendrá que renovar cada cierto tiempo.

“Eso va a permitir que en el momento que se renueve ese certificado, el ministerio a través de diferentes mecanismos, pueda constatar de una manera segura de que esa edificación no corre peligro», indicó el ministro.

El funcionario señaló que desde la promulgación de la ley, se han identificado áreas de oportunidad que requieren atención, tales como la distribución de competencias entre los viceministerios, el replanteamiento de algunas funciones específicas; la insuficiente capacidad de ordenación; la falta de instrumentos habilitantes adecuados para una supervisión y regulación más rigurosa del sector, una potestad sancionadora limitada y una dispersión en la potestad reglamentaria.

Entre los cambios propuestos se incluye la implementación de nuevos títulos habilitantes que fortalezcan el marco regulatorio, así como una ampliación significativa de las facultades de inspección para garantizar el cumplimiento normativo.

Asimismo, se propone fortalecer las capacidades de actuación administrativa no sancionadora, permitiendo medidas de ordenación o de policía más eficaces.

La pieza busca realizar ajustes a la ley, con el propósito de “optimizar su eficacia y mejorar el funcionamiento” del Mived.

La iniciativa también busca optimizar el procedimiento sancionador mediante la ampliación del catálogo de infracciones y sanciones, al tiempo que reorganiza el ejercicio de la potestad reglamentaria, fomentando una colaboración más efectiva.