DIARIOPAISRD.COM ***INFORMACIN NACIONAL ASUNTO DE ECONOMIA, OFRECIDA EN LA CAPITAL DOMINICANA. La política de financiamiento del Estado para el 2026 estará marcada por una línea estratégica clara: reducir el costo de los recursos que se toman prestados, diversificar las fuentes a las que se recurre y mantener el portafolio de deuda en niveles de riesgo prudentes.

Esa definición, recogida en el proyecto de Presupuesto General del Estado sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, busca asegurar que el país financie su desarrollo con mecanismos más sostenibles, al tiempo que se atienden necesidades urgentes en los municipios con inversiones en infraestructuras básicas, desde calles hasta proyectos de urbanización. En el planteamiento oficial, se resalta que la política fiscal del próximo año tendrá un componente esencial de disciplina, expresado en la generación de superávits primarios sostenidos. El objetivo es reducir gradualmente las necesidades de financiamiento y estabilizar la carga de la deuda sobre el producto interno bruto –PIB–, en línea con lo que dispone la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales. Con esta base, el Gobierno se propone mantener una hoja de ruta de prudencia en medio de un entorno internacional que continúa tensionado por factores geopolíticos, precios volátiles de materias primas y un crecimiento global que se percibe moderado.

El proyecto establece que el déficit fiscal del 2026 será de RD$280,575.3 millones, equivalente al 3.2 % del PIB. A pesar de representar un hueco importante en las cuentas, se insiste en que se trata de un nivel manejable, consistente con los compromisos de sostenibilidad asumidos y que permite garantizar los programas sociales y de inversión pública que están en curso.

El esquema de ingresos consolidados asciende a RD$1,439,933.6 millones. A ello se suman las fuentes financieras consolidadas, calculadas en RD$401,767.8 millones. En total, la disponibilidad de recursos –entre ingresos y financiamiento– suma RD$1,841,701.3 millones. Este monto es el que marca los márgenes con que operarán las instituciones públicas durante el año próximo, dentro de un presupuesto que equivale al 20.1 % del producto interno bruto (PIB).

En cuanto a la parte de los gastos, el proyecto de presupuesto prevé un total de RD$1,622,833.4 millones, lo que representa un 18.7 % del PIB. Los ingresos fiscales, por su parte, fueron calculados en RD$1,342,258.2 millones, que equivalen al 15.5 % del producto.

Los ingresos fiscales son recursos que recibe el Estado provenientes de impuestos y tributos. Es decir, lo que entra al fisco a través de Impuestos directos, por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan personas y empresas; Impuestos indirectos: como el ITBIS (IVA, en otros países), los impuestos selectivos al consumo (alcohol, tabaco, combustibles, etcétera.) y aranceles aduaneros (lo que se cobra por la importación de bienes).

Las fuentes de financiamiento contempladas incluyen emisiones de bonos tanto en mercados internacionales como locales, acuerdos de crédito con organismos multilaterales y bilaterales, así como recursos provenientes de la banca comercial internacional, particularmente dirigidos a proyectos de inversión. A esto se suma la continuidad de la política de manejo de pasivos que en los últimos años ha permitido recomprar o intercambiar deuda en condiciones más favorables, buscando aligerar el peso del servicio en el corto y mediano plazo.

Inversión pública

La inversión pública vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda presupuestaria. Para 2026 se prevé destinar RD$215,284.7 millones, equivalentes al 2.5 % del PIB, lo que significa un incremento respecto al monto aprobado en el presupuesto inicial de 2025.

Con ello se busca mantener el impulso a la economía a través de proyectos que inciden en la conectividad, la movilidad y la competitividad de sectores estratégicos como el turismo y la agropecuaria.

Entre las iniciativas más visibles está el Metro de Santo Domingo, que contará con una asignación de RD$6,620 millones. Los recursos permitirán avanzar en la construcción de la línea 2C, que unirá a Los Alcarrizos con la avenida Luperón, así como la expansión del servicio en la línea 1 y el desarrollo de la línea 2B, proyectada para extenderse hacia Punta en Villa Mella. También se contempla la ampliación de la capacidad en la línea 2, con el objetivo de responder al creciente número de pasajeros que diariamente utilizan este sistema de transporte.

En paralelo, se proyecta la reconstrucción de infraestructura vial a nivel nacional con un presupuesto de RD$11,782.4 millones. Estas obras incluyen carreteras, caminos y mejoras en la red de transporte interurbano, con lo que se busca reducir los tiempos de desplazamiento y abaratar los costos de logística que afectan la competitividad.

De protección social y educación

El compromiso con la educación se mantiene con la asignación del 4.1 % del PIB, que incluye tanto el sistema preuniversitario como el nivel superior. El Gobierno resalta que estos fondos se dirigirán a ampliar las oportunidades de acceso, incorporar tecnologías digitales al proceso de enseñanza y actualizar los currículos en los distintos niveles.

En materia social, el programa Supérate seguirá siendo la principal herramienta para atender a las familias en situación de vulnerabilidad. Vinculado a esto, se impulsarán políticas de cuidado integral, con especial énfasis en la educación temprana y los servicios a adultos mayores dependientes. El componente habitacional también recibirá refuerzos, al igual que los servicios comunitarios. En el documento remitido al legislativo se establece que el sector salud tendrá la atención necesaria para cubrir demandas urgentes y sostener la provisión de servicios, mientras que se han previsto fondos para apoyar la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.

Justicia y gobernanza

Un aspecto medular del presupuesto es la seguridad. El documento consigna recursos para continuar con la reforma policial, un proceso que ha requerido inversiones sostenidas en equipos, formación y tecnología. También se asignan partidas para mejorar la seguridad fronteriza y fortalecer el control migratorio, dentro de una estrategia que apunta a garantizar la integridad territorial.

En el ámbito institucional, se prevé el financiamiento de la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Justicia, así como recursos para que la Junta Central Electoral continúe con el proyecto de cedulación, que busca dotar de documentos de identidad modernos y seguros a los ciudadanos.

El proyecto del 2026 también dedica un espacio relevante a la gestión municipal. Se contempla la construcción y mejora de infraestructuras básicas en municipios y distritos municipales, que incluye calles, aceras, contenes y proyectos de urbanización. Además, se prevé impulsar soluciones para la adecuada disposición de los residuos sólidos, un desafío que impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades y en la salud pública.

Para los cabildos, no todo debe irse a grandes obras

La asignación de recursos a los gobiernos locales refuerza la visión de que el desarrollo no puede concentrarse únicamente en las grandes obras nacionales, sino que debe permear hasta los niveles comunitarios donde los ciudadanos experimentan de manera directa los beneficios de las políticas públicas.

El documento sobre el PGE reconoce que la formulación de éste ocurre en un entorno internacional complejo, pero insiste en que la República Dominicana mantiene fundamentos sólidos y estabilidad macroeconómica.

La prioridad es consolidar la disciplina fiscal, sostener la inversión en sectores estratégicos y garantizar que el financiamiento externo e interno se maneje con criterios de sostenibilidad. La proyección de ingresos y gastos, junto con las aplicaciones financieras, supone que las fuentes financieras asciendan a RD$401,767.8 millones, equivalentes al 4.6 % del PIB. Estos recursos complementarán los ingresos tributarios y no tributarios, permitiendo cubrir el déficit y financiar proyectos de impacto social y económico. El planteamiento central es que, con estas medidas se equilibrarían las finanzas públicas y se avanzará a la meta de duplicar el PIB al 2036.