La medida está contenida en decreto 531-25, mediante el cual delimita el área geográfica de intervención y dispone que la ejecución de los trabajos estará a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), que tendrá la responsabilidad de remozar, construir y readecuar infraestructuras, dotaciones y vías existentes, así como desarrollar las que resulten necesarias.

Todo ello deberá realizarse respetando las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona.

De igual modo, URBE deberá implementar procesos de socialización con la comunidad impactada, garantizando la participación de los residentes, la protección de sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.

También tendrá a su cargo la negociación y reubicación de las familias afectadas por los trabajos en los sectores incluidos en la intervención.

Río Isabela

El decreto también encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, que incluye la evaluación y supervisión de las actividades a desarrollar en las riberas de ambos ríos, para asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, este ministerio deberá implementar medidas de conservación para proteger la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños vinculados al proyecto.