DIARIOPAISRD.COM***INFORMACION NACIONAL**PRODUCIDA EN LA CAPITAL DOMINICANA.El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional un proyecto para modificar  la Ley 80-24, que aprobó el Presupuesto General del Estado para el 2025 de forma tal que se consigne un aumento del déficit fiscal,  el cual pasaría de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025.

POLÍTICA FISCAL «CONTRACÍCLICA»

La iniciativa plantea la aplicación de «una política fiscal contracíclica», orientada a «mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible».

 Este incremento sería financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, para asegurar que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.

GASTOS 4.7 % MÁS DE LO APROBADO INICIALMENTE

En materia de gastos,  plantea que en dicha ley se contemple un aumento neto de RD$69 mil 740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$35 mil 548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.

Aclara que el incremento en el gasto estaría incluida la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, además de recursos adicionales para organismos constitucionales y acciones para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma policial.

Propone que sean estimados para 2025  ingresos de RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.

Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.

El Ministerio de Hacienda dice que «este proyecto garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica».