Esta noche, la Corte Suprema pareció abierta a levantar una serie de decretos a nivel nacional que bloqueaban al presidente Donald Trump de hacer cumplir su política sobre la ciudadanía por nacimiento, aunque varios de los jueces lucharon con las implicaciones prácticas de permitir que el gobierno niegue la ciudadanía a las personas nacidas en EE.UU.
Después de más de dos horas de debate, no estaba claro cómo la mayoría del tribunal podría abordar esos dos intereses en pugna.
Algunos conservadores clave sugirieron que los grupos que impugnan al decreto de Trump podrían recurrir a otros tipos de demandas para impedir que la política entre en vigor.
Otros jueces sugirieron que la corte podría estar dispuesta a revisar rápidamente la cuestionable constitucionalidad del decreto de ciudadanía por nacimiento de Trump.
Al menos una parte del argumento de Trump pareció encontrar impulso en la corte conservadora: los jueces de tribunales inferiores con demasiada frecuencia estaban revocando las políticas del presidente con muy poca revisión.
Pero eso dejó a varios conservadores preguntándose qué hacer, mientras tanto, con la política de Trump, que parece entrar en conflicto directo con el texto de la Enmienda 14.
A continuación, presentamos algunas de las conclusiones clave del argumento:
Kavanaugh, un voto clave, sugiere demandas colectivas en su lugar
El juez Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora, sugirió que las demandas colectivas bastarían para que quienes impugnan la orden ejecutiva de Trump obtengan un amplio alivio judicial. Descartó la sugerencia de los impugnadores de que basarse en la certificación colectiva como herramienta plantea muchos de los mismos problemas que las medidas cautelares a nivel nacional de las que se queja el presidente.
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Es un punto técnico, reconoció Kavanaugh, pero potencialmente importante. Parte de lo que parecía estar diciendo Kavanaugh era que había otra forma para que los grupos que desafían a Trump pudieran cerrar rápidamente la orden. Podría ser más desafiante y tomar más tiempo, pero, dijo, sería más consistente con la forma en que normalmente trabajan los tribunales.
“Nos importan los tecnicismos”, dijo Kavanaugh en un momento.
Cuando los jueces certifican una clase, deben considerar quiénes se verían afectados por la decisión del tribunal. Este es un obstáculo más difícil de superar que simplemente revisar la política para determinar su probable legalidad y anularla.
El Gobierno de Trump ha señalado las demandas colectivas como el vehículo adecuado para que los tribunales emitan órdenes que bloquearían ampliamente la aplicación de una política presidencial ilegal mientras el asunto se resuelve en tribunales superiores. El jueves, los jueces liberales, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett, interrogaron al procurador general D. John Sauer sobre la posibilidad de que la administración impugnara en los tribunales una solicitud de certificación de acción colectiva en este caso.
Pero Kavanaugh pareció poner en duda en cierto momento si la administración lograra imponerse en sus esfuerzos por oponerse a la certificación colectiva. Al final de los argumentos, las demandas colectivas como alternativa ocupaban un lugar central en la mente de Kavanaugh.
Los tres progresistas de la corte acribillaron a Sauer con preguntas sobre cómo funcionaría en la práctica la revocación de las medidas cautelares a nivel nacional. Rápidamente intentaron llevar el debate más allá de la afirmación del Gobierno de Trump señalando que su solicitud era “modesta”.
El juez Ketanji Brown Jackson presionó a Sauer sobre si su oposición a una orden judicial universal en el caso del derecho de ciudadanía por nacimiento podría llevar a requerir que cada individuo presente su propia demanda en el caso.
“La verdadera preocupación, creo, es que su argumento parece convertir nuestro sistema judicial, al menos en mi opinión, en un régimen de ‘atrápame si puedes’”, dijo Jackson, “donde todo el mundo tiene que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas”.
Los conservadores del tribunal participaron menos en ese debate, pero aun así varios plantearon la cuestión.
Barrett, quien ha surgido como un voto clave en varios casos este año que involucran a la administración Trump, presionó a Sauer sobre por qué el gobierno está evitando los méritos del tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Su línea de preguntas causaron una concesión importante por parte de Sauer, quien reconoció que los argumentos legales que defendían los méritos de la orden de Trump eran “novedosos” y “sensibles”.
“¿Entonces este caso no está tan claro en cuanto al fondo?”, preguntó Barrett.
Barrett, que ocasionalmente se ha unido a sus colegas progresistas en algunos casos polémicos, también presionó a Sauer sobre por qué la administración se opone a una orden judicial a nivel nacional pero en general está dispuesta a aceptar una sentencia de acción colectiva que probablemente tendría el mismo efecto.
Sauer respondió con dos argumentos: primero, conseguir una demanda colectiva puede ser más difícil. Segundo, una sentencia de demanda colectiva exigiría a los demandantes arriesgar más. En otras palabras, si los miembros de la demanda colectiva perdieran, estarían colectivamente sujetos a la decisión, al igual que el gobierno.
“Así que están asumiendo un grave riesgo, por así decirlo, al proceder con una demanda colectiva, y tiene esta simetría: el gobierno está obligado si perdemos, y ellos están obligados si no perdemos”, dijo. “Y esa es una distinción muy importante”.
En el período previo a los argumentos, hubo un debate importante sobre de qué se trata realmente el caso: ¿se trata del poder judicial y la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear a un presidente o de las consecuencias prácticas de permitir que este presidente haga cumplir esta orden?
Durante el debate del jueves, quedó claro que muchos de los jueces también tenían dificultades para separar esas dos cuestiones.
Aunque el caso llegó a la Corte Suprema en estado de emergencia, no está claro cuánto tardarán los jueces en resolverlo. La última vez que la corte celebró alegatos en un caso de emergencia, una apelación relacionada con regulaciones ambientales, los jueces tardaron varios meses.
Dadas las complicaciones involucradas en el caso de derecho de nacimiento, es posible que el tribunal necesite hasta el final programado de su período el próximo mes.
