UN BREVE ANALISES LIGADO AL MP

POR HECTOR RAMON ZAPATA

En  segundo lugar es  que en  la actualidad el Ministerio Publico haya personas honesta y seria que estén enfrentando con coraje esta monstruosidad de esa mafia desde tiempo, la gente espera que no se quede ahí sino que continúe  

DIARIOPAISRD.SANTO DOMINGO DE GUZMAN. DISTRITO NACIONAL.  Con este “descubrimiento” con  ese destape hecho por el Ministerio Público,  en su propio terreno, luego de una investigación minuciosa, en tal sentido mucho ciudadanos dominicanos se han preguntan  a qué se debe que fuera ahora,  cuando las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República, no serían para tumbar otros casos. Pero está bien que se haya descubierto, los ciudadanos esperan que verdaderamente se haga justicia ese grupo de malandrines encabezados por los supuestos fiscales, y que continúen las detenciones otros Jefes que son miembros del Ministerio Públicos, que también están implicados. 

Quienes están al frente de la organismo supuestamente “independiente” sobre los  implicados en esta gravísima trama no estaban desde ahora, sino que muchos de esos sujetos desde otras Administraciones, los que llegaron en la actualidad a la PGR  fueron también estrenado, para también ser serviles a los filtrado  de mafia del Narcotráficos, y deben entonces con la  “Operación Gavilán”, sabrán cómo enfrentar ese monstruos en sus propios ojos, porque antes de llegar a la  Procuradora Mirian German y los demás procuradores Adjuntos  había un Jefe en ese que aparentemente era un mafioso en varias acciones contras leyes de este, y nunca abrió sobre este caso de ardid que  entramado de crimen organizado que integra fiscales, empleados administrativos del Ministerio Público.

Implicados además miembros de la Policía Nacional, empleados de Migración y personas morales, son acusados de haber eliminado o adulterado más de 8 mil registros penales a cambio de cobrar sobornos.

“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento antecedentes penales”, explica el escrito de solicitud para imposición de medida de coerción del MP.

El documento también  detalla que los acusados eliminaron antecedentes criminales relacionados con narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos grave.

El esquema criminal que llevaron a cabo consistía en lo siguiente: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y, por último, » franqueo» para salir del país.

“Se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y lo integraron a formar parte de la red criminal”, cita el escrito.

Además, involucraron a parejas, familiares y allegados para poder mover el dinero proveniente de los sobornos sin que se levantaran sospechas y así evadir la persecución.

Según el MP, los involucrados en el entramado utilizaron un esquema fraudulento por años, pero lograron perfeccionarlo a partir del 2018, incrementándose de manera significativa a partir de lo que denominaban “La Vuelta”.

“Beneficiaron a criminales de carrera de alto perfil a quienes les prestaban un servicio permanente de borrado de registros penales, a ellos y a miembros de su estructura, a cambio de cantidades considerables de sobornos”, describe el documento.

A través de este dinero adquirieron bienes y servicios. Asimismo, realizaron transferencias millonarias en las que adulteraron los conceptos para disfrazar el objeto ilícito de las mismas.

Por otra parte son siete fiscales sin nombre estaban al frente de una red que borraba fichas a delincuentes, esta es una pura acción inescrupulosa 

Ahora el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy viernes la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas en la operación Gavilán.

Siete fiscales adjuntos se encuentran en el ojo del huracán, luego de que la Procuraduría General de la República iniciara una investigación en su contra y de otras 12 personas, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.

En contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres no se mencionan, será abierto un juicio disciplinario y se solicitará la designación de un juez de Instrucción Especial de la Cámara Penal de Apelación del Distrito Nacional para conocer el proceso seguido en su contra por su vinculación en la operación Gavilán.

La solicitud de la designación del juez de la Corte de Apelación, es cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Asimismo, José Viterbo Cabral González, inspector General del Ministerio Público, fue apoderado de un proceso disciplinario en contra de los fiscales adjuntos, por parte del Consejo Superior del Ministerio Público.

En los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, abogados se preguntaban quiénes eran esos fiscales que se vinculan en la eliminación de antecedentes penales y por qué la Procuraduría no da a conocer su identidades.

Hoy conocen medida de coerción

Mientras que el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy viernes la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas en la operación Gavilán.

El tribunal, que conocerá a las 10:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción, también deberá decidir si declara complejo el caso seguido a los implicados, detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En la instancia depositada por los fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena se solicita prisión para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.

Igualmente, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, así como los empleados de la Procuraduría Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez.

La medida de coerción incluye a Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública y varios artículos sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Según el Ministerio Público, con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (La J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.

Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.

Fiscal Bonilla apoya

El magistrado Osvaldo Bonilla informó ayer que la Procuraduría investiga a cuatro empleados administrativos de la Fiscalía de esta ciudad por formar parte de la estructura nacional que se dedica desde hace varios años a eliminar antecedentes penales a personas procesadas por diversos delitos, a cambio de sobornos.

“Nosotros estamos apoyando esas investigaciones que están haciendo nuestras instituciones, en vista de que somos los primeros que debemos dar ejemplo”, indicó el fiscal de Santiago.

Explicó que las personas que están siendo cuestionadas, hasta el momento son empleados del área administrativa de la Fiscalía de Santiago.

Con relación a la ficha que le fue retirada a Joel Ambiorix Pimentel García, La J, Bonilla dijo que este tiene algunos procesos viejos y debió tener esos registros, pero no están.