DIARIOPAISRD. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. DISTRITO NACIONAL. En opinión de ciudadanos que ofrecieron su perversión al ser cuestionado con respecto a la acción que quieren darles medida de medida coerción a dos de los implicados en la trama de corrupción, expresaron que si, se la han dado automáticamente a los demás, que la Procuraduría General de la República, acusado de malversación de dinero del Estado, dénselo a los demás también con prisión domiciliaria hasta día del juicio final sabrán cómo defenderse y “no sigan dando ese es un espectáculo de mal gusto para la justicia” que es lo que está haciendo durante estos días, para darle la medida de prisión preventiva como solicita el Ministerio Público que solicita 18 meses mientras tanto a tras de una rejas .
“Y no han llegado a nada hasta el momento “entonces es un privilegio a un grupo así no, deben dársela a todos eso es lo que la justicia dominicana lleva a cabo”, añadieron las personas entrevistadas esta tarde por este medio de comunicación.
En el caso que se alude el Ministerio Público no se opuso a que la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, le otorgue arresto domiciliario a Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández, vinculados al caso Camalar.
La defensa de ambos imputados solicitó al Tribunal que se le imponga arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, y que rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra por el Ministerio Público.
Ante esa situación, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, plantearon a la jueza la variación de su planteamiento inicial de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.
Así lo informó el abogado de ambos imputados, el doctor Gustavo Ortiz, a la vez en que indicó que “la variación del Ministerio Público con relación a sus clientes no significa que hayan llegado a un acuerdo con el órgano persecutor”, debido a que fue el Ministerio Público quien lo solicitó de manera objetiva.